No hay política de equidad e inclusión social más potente que el empoderamiento de las mujeres.

   Hace falta pensar las políticas públicas contemplando a las mujeres como tales y no como “madres” o corremos el riesgo de profundizar los estereotipos y la exclusión social.

Vamos por la paridad

   Durante la década del 90 las mujeres argentinas logramos que se sancionara la Ley de cupo femenino y, lo más difícil, después de una década de batallas judiciales, logramos que su cumplimiento se hiciera efectivo. Un invento argentino que  se trasladó a gran parte de los países del mundo.

   Con el impulso de la masa crítica de mujeres que ingresaron al parlamento, la Convención Constituyente del 94 incorporó en el nivel más alto de la pirámide jurídica la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer y la imposibilidad de regresar a menores porcentajes de representación femenina en el parlamento y, posteriormente, fue logrando la sanción de leyes que eliminaron los resabios legales discriminatorios.

   Pero las leyes no alcanzan, son letra muerta si no cuentan con políticas públicas y presupuestos que conviertan los derechos enunciados en una realidad cotidiana que permita a las mujeres su ejercicio.

   La igualdad real es la que se mide en el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, la igualdad en la ley no alcanza, las personas son iguales en tanto sus derechos se cumplen y se ejercen.

   Contrariamente a la igualdad formal —que plantea la igualdad en la partida—, la igualdad real es una igualdad de resultados, y debe ser activa, para garantizar la efectividad de los derechos y los medios de conciliación entre las actividades productivas y las reproductivas, estableciendo, por ejemplo, la obligación del Estado de establecer un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades del cuidado humano, facilitando servicios, infraestructura y horarios de trabajo adecuados.

   En particular, deberá proveer servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que todas las personas puedan desempeñar sus actividades laborales independientemente del género, e impulsar la corresponsabilidad y reciprocidad de hombres y mujeres en el trabajo doméstico y en las obligaciones familiares, incorporando aspectos como el derecho a licencia por paternidad.

    La idea de paridad articulada a otros conceptos como el de igualdad real y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas públicas y privadas, promueven en su conjunto un esfuerzo por construir un nuevo modelo de convivencia, y cuyos dispositivos apuntan a deconstruir el sistema patriarcal que por siglos ha mantenido a las mujeres alejadas del espacio público.

La paridad en el sistema electoral

   Los sistemas de cupos, que significaron en su momento un gran avance, son conceptualmente medidas temporales que se mantienen entre tanto se logre el objetivo principal, que es la igualdad política entre hombres y mujeres.

   La paridad, por el contrario, es una medida definitiva, que reformula la concepción del poder político redefiniéndolo como un espacio que debe ser compartido igualitariamente entre hombres y mujeres, y por ello incide en el resultado desde su propia concepción y no solo en la oferta electoral, como ocurre con las cuotas.

   Tiene una significación más amplia, en virtud de la cual se trasciende lo estrictamente político para intentar subvertir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres al interior del hogar, tomando en cuenta que incluso en algunas de las sociedades más desarrolladas, en este espacio las mujeres siguen llevando, en mayor medida, el peso de las tareas familiares, y constituye la mayor barrera de entrada para el ejercicio de sus derechos políticos, pero también sociales y económicos.

    Más de una década después de que se aprobara la paridad en Francia, son nueve los países de todo el mundo que han introducido en sus legislaciones electorales disposiciones que consagran la participación paritaria de hombres y mujeres en las listas.

   En el continente africano, otros dos países han incorporado estas disposiciones: Senegal y Túnez, que incluyó esta medida para la elección de la Asamblea Constituyente encargada de redactar su nueva Constitución, tras la primera elección democrática ocurrida en ese país. Y, finalmente, en el caso latinoamericano, lo han hecho sucesivamente Ecuador, Bolivia, Costa Rica y, recientemente, Nicaragua, para cargos de elección popular.

   No es necesariamente el paso siguiente a la adopción de cuotas, pero si algo tiene en común con las acciones afirmativas, es que muchos de los argumentos utilizados para oponerse a su aprobación han sido también esgrimidos por determinados sectores en los debates sobre la paridad, que curiosamente son los mismos que se escuchaban contra el voto femenino y posteriormente del cupo.

    Primero, la constante alusión a la meritocracia y la idea de que las mujeres serían elegidas por ser mujeres y no por sus capacidades, lo que niega el hecho de que, en nuestros país la paridad ya se está alcanzando en los niveles educativos, o que las mujeres tienen amplia experiencia en liderazgos sociales. Sin embargo, sus capacidades suelen ser infravaloradas y siempre se les exige una sobrecalificación que sería interesante  demostrar en sus pares masculinos.

   Segundo, la libertad de los partidos para tomar sus decisiones y desarrollar su vida orgánica —y como parte de ello, preparar sus listas electorales—, argumento que, en el fondo, supone que aquellas organizaciones sobre las que se estructura la democracia representativa puedan tener licencia para exigirla en el sistema político, pero no aplicarla al interior de sus propias estructuras.

    A la constatación de que los dirigentes pueden manifestar públicamente su apoyo a las propuestas de ampliar el ejercicio femenino de los derechos políticos y, simultáneamente, incumplir desembozados cualquier compromiso asumido, la paridad se constituye en un acelerador de la igualdad de facto.

    A diferencia de la cuota, que es una medida temporal de ajuste cuyo objetivo es reducir la subrepresentación de las mujeres en la política, la paridad es una medida definitiva que busca compartir el poder político entre mujeres y hombres.

   En el parlamento nacional una ley de paridad no tendría un gran impacto numérico. En el 2.007 llegamos a tener un 40% de mujeres en el Parlamento y oscilamos alrededor del 37%, pero la idea de la paridad excede lo electoral.

   En el conjunto del país la situación es muy dispar, tres provincias han sancionado leyes de paridad pero en otras todavía convive el cupo con leyes de lemas o similares y la peor situación es la de la Prov de Bs As en donde la ley es de “cupo neutro” que garantiza que las mujeres estén en el tercer lugar, y con la dispersión de listas y partidos, rara vez se llega al tercio en las bancas de los concejos  deliberantes y las Legislatura.

 Necesitamos reformar las ley electorales nacional y provinciales como hicieron las provincias de Córdoba y Santiago del Estero.

 La década K y la institucionalidad de las políticas de género

    A pesar de que los problemas de género nunca fueron una preocupación de Cristina, la llegada de una mujer a la Presidencia de la Nación despertó enormes expectativas. Contaba  con importantes herramientas: un 40% de parlamentarias, un plexo legal de leyes sancionadas con muchas dificultades, y una economía que permitía avanzar en la siguiente etapa: la efectivización de los derechos, tarea que corresponde a los poderes ejecutivos.

    La importancia que se le otorga a un tema en la agenda de un gobierno depende, más que de su enunciado, del poder institucional del área, del presupuesto que se le asigna y de la envergadura política de quien la conduce.

    En función del rol  que ocupan en la sociedad, todas las políticas públicas impactan de un modo diferente en hombres y mujeres, y por esa razón el nivel jerárquico de las/os ejecutores de las políticas de género debe permitir imponer cambios en las agendas de todos los ministerios y discutir con poder las asignaciones presupuestarias.

   Sin embargo, el Consejo de la Mujer pasó de depender directamente de Presidencia a tener rango de Dirección en el Ministerio de Desarrollo Social, toda una definición. Nadie conoce ni el nombre ni la voz de la presidenta, aunque el Concejo tiene facultades previstas por ley.

  Así, los avances fueron fragmentarios y dependieron de la voluntad política de otros poderes como la Corte, o de iniciativas de ministerios o gobiernos locales.

   Y esto, no lo decimos solo nosotros, sino que ya fue observado en el 2010 por la CEDAW, el Comité perteneciente a Naciones Unidas, encargado de evaluar el cumplimiento de la Convención con rango constitucional que mencionáramos antes, el cual indica que nuestro país no ha superado las deficiencias institucionales, ni subsanado los déficits estructurales del CNMujer, necesarios para preparar y aplicar políticas públicas eficaces respecto al adelanto de la mujer y a la aplicación de programas integrales, que al día de hoy, siguen pendientes.

   Como resultado tenemos un femicidio cada 30 hs, la mortalidad materna sigue sin descender, se incrementó el embarazo adolescente, seguimos cobrando salarios casi un tercio inferior a los varones a igual trabajo y capacitación, la crianza sigue en manos de las mujeres sin un efectivo apoyo estatal.

El Consejo de la Mujer debe recuperar el nivel institucional y un Observatorio de Género debe poder medir el impacto de las políticas en las mujeres, entre ellos de femicidios y violencia de género.

La AUH, la apuesta más fuerte de subsidio a las mujeres

     La AUH, significó un enorme avance sobre la pobreza extrema pero, sin otros aditamentos, se limitó a mejorar la pobreza por ingresos sin atacar las formas más duras de la exclusión que incluyen otros determinantes sociales y culturales. Sus efectos natalistas (como los de todas las políticas que asignan recursos a embarazadas y madres) no se morigeraron por la mayor inclusión de las mujeres en la escuela y el trabajo, y en la práctica impusieron un piso de supervivencia que es a su vez el techo de las madres niñas (y muchas otras)  que son en el país alrededor de un 20 % de los partos, concentrados en las adolescentes más vulnerables y de madres cada vez más jóvenes.

    Quizás el diseño de la AUH es un ejemplo de confundir mujeres con madres. Financiamos a las madres y profundizamos el estereotipo.

   ¿Como puede hacer las madres de escasos recursos para trabajar y/o estudiar si no hay jardines maternales públicos?

   ¿Para qué trabajar si el salario de tareas de baja calificación, descontando los viáticos y el cuidado de los niños apenas supera la AUH? Y, además,  si consiguen un trabajo en blanco dejan de cobrar.

   Pareciera que nadie en este país se cuestiona las consecuencias de una medida que resultó incompleta y que hasta la CEDAW observó que en su diseño, sólo se tuvo en cuenta la transferencia de ingresos dirigidos a reducir la pobreza, pero que no ha existido perspectiva de género.

La AUH debe ser por ley y verdaderamente universal. La natalidad se posterga con mujeres educadas y con perspectivas de progreso.

El trabajo dignifica ¿sólo a los varones?

  Además las mujeres son las más pobres entre los pobres,  y cada vez hay más familias monoparentales con mujeres jefas de hogar y, sobre todas las cosas, hay que modificar la idea, (vinculada al estereotipo del rol reproductor) de que el trabajo no es tan importante para las mujeres como para los varones, y que las “mejores madres” son las que solo cuidan a sus hijos.

   Trabajar y/ o estudiar, además del salario, significa ampliar el capital cultural y social de ellas y de sus hijos, y ensanchar expectativas y horizontes, contribuyendo a cortar la transmisión intergeneracional de la pobreza estructural.

   Además, la dependencia económica es un componente esencial de la violencia de género que siempre incluye a los niños.

   Pero el cuidado de los hijos recae en sus madres. Quien los cuida mientras ellas trabajan si no hay jardines maternales y si la legislación laboral no acompaña esta realidad?

   Los pediatras insistimos en la importancia de 6 meses de lactancia materna y ¿la licencia por maternidad es de solo 3 meses?

    Reclamamos incluir a los padres en el cuidado de los hijos pero les negamos la posibilidad de hacerlo porque no pueden tomar licencia?

Tenemos que  promover un régimen laboral que funcione en armonía con las necesidades de las mujeres y proveer servicios de cuidado infantil, de atención a las personas con discapacidad y otros necesarios para que todas las personas puedan desempeñar sus actividades laborales independientemente del género. También tendremos que modificar el régimen de licencias parentales con financiamiento estatal para que el aumento de los tiempos de licencia no sea un obstáculo al empleo femenino, e incluir a los padres posibilitando su inclusión en el cuidado de sus hijos.

 

La “inseguridad” y las mujeres

   La inseguridad es el tema del día. Sin embargo los femicidios están invisibilizados. A las mujeres las matan en sus casas miembros de su entorno ¿Para qué les sirven cámaras, garitas, policía, etc? Ni siquiera sabemos las estadísticas reales y hasta el gobierno utiliza las de una ONG Es un buen ejemplo de una política pública sin mirada de género y de cómo esta mirada debe atravesar todas las políticas.

   Parecería que la violencia de género es un problema de las mujeres, más aún de las ONGs de mujeres. Delegaríamos en la sociedad civil resolver una epidemia  que produce más de 300 muertes anuales sin contar además el sufrimiento de las víctimas que sobreviven y sus hijos?

Necesitamos tener estadísticas fiables y políticas efectivas de prevención y atención del flagelo de la violencia de género. Tenemos que cumplir con la Convención de Belen do Para y la Ley de violencia de género aplicando los recursos imprescindibles y otorgandole el nivel de prioridad que la gravedad del tema requiere.

La paridad y los niños.

    La idea de la paridad conlleva una mirada diferente en las políticas públicas para mujeres pero también respecto de los niños que, por lo menos por ahora, siguen el derrotero de sus madres.

     Uno de los resultados es que las mujeres educadas tienen 2 hijos cerca de los 30 años y las de los sectores más vulnerables tienen 5 y empiezan en la adolescencia. Bonita brecha, casi una generación más, mujeres de primer mundo y del cuarto.

    Pero peor es la brecha de los niños, está muy estudiado que su nivel educativo está más vinculado a la familia que a la escuela. Tampoco hay dudas de la importancia de los primeros años de vida, momento en que se adquieren las competencias sociales básicas.

     Los hijos de las mujeres educadas y que trabajan van desde pequeños al Jardín e ingresan a la escuela con competencias sociales básicas,  saben escribir y leer frases sencillas, ¿y los chicos de familias vulnerables? ¿Dónde compensan las carencias familiares?

    La brecha entre las mujeres se multiplica en los niños.

    La inserción temprana en educación preescolar beneficia a los chicos y les permite a las madres insertarse en el mundo del estudio y el trabajo.

    Gran parte del incremento de la inversión pública en educación se destina a las nuevas universidades cuando los niños de familias vulnerables repiten grados en la primaria y llegan a la secundaria con conocimientos equivalentes a los de cuarto grado porque no completaron la lectoescritura comprensiva.

La inversión de la próxima década debe privilegiar los jardines maternales y la educación preescolar. Así disminuimos la brecha entre las mujeres y también entre los niños. Mucho más cuando viven en entornos de graves carencias y/o violentos.

La ley de salud reproductiva, la de abortos no punibles, la de parto humanizado y la de ESI no se aplican, o sólo irregular o parcialmente.

    300 mujeres mueren anualmente en nuestro país por causas relacionadas con el aborto inseguro, el embarazo, el parto y el puerperio. Son mujeres jóvenes -en su mayoría sanas- cuyas muertes podrían evitarse.  Para el año 2015 solo se habrá logrado una reducción de la mortalidad materna del 18% en veinticinco años, en lugar del 75% comprometido ante los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas.

     Gran parte de esas muertes tiene por causa abortos, muchos de los cuales están o deberían estar encuadrados en la ley de abortos no punibles

     El 12% de la mortalidad materna en nuestro país es producto de abortos por embarazos no deseados en adolescentes.

    La ley de ESI que, vale la pena destacar,  fue producto de una larga conciliación entre ideologías y credos, y que no se restringe a la educación sexual entendida como genitalidad sino que estaba dirigida a morigerar los estereotipos de género, fortalecer a las niñas, prevenir el abuso sexual infantil y promover la procreación responsable no avanzó más allá de los diseños curriculares y la impresión de unos cuadernillos excelentes. No se aplica en casi ningún lugar del país.

   Parece mentira que se necesite una ley para humanizar los partos, sin embargo no se aplica en casi ningún lado.

Aunque parezca ridículo, las leyes están hechas para cumplirse ni la Ley de ESI ni la del parto humanizado son optativas. Tampoco la de abortos no punibles que no debe aplicarse sin las restricciones actuales. 

Un programa integrado:

   Miremos algunas experiencias interesantes de otros países, programa “Chile crece contigo” es un Sistema de Protección Integral a la Infancia que tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”.

  En el entendido que el desarrollo infantil es multidimensional y, por tanto, simultáneamente influyen aspectos biológicos, físicos, psíquicos y sociales del niño/a, es que Chile Crece Contigo consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones y programas orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo de los niños y niñas hasta los 4 o 5 años de edad (primera infancia).

   De esta manera, a un mismo niño o niña se le estará brindando apoyo simultáneo en las distintas áreas que se conjugan en su desarrollo: salud, educación preescolar, condiciones familiares, condiciones de su barrio y comunidad, entre otros. Esto es lo que se llama integralidad de la protección social.

   Muchos de los procesos formativos básicos de los seres humanos están fuertemente influidos por experiencias tempranas en la vida. Existe amplia evidencia acerca de que el impacto de los programas de apoyo a las competencias y capacidades de las personas dependen crucialmente de qué tan temprano se desarrollen. Parte importante del desarrollo económico y social de nuestro país depende de cómo se apoye a los niños y niñas en sus etapas tempranas.

   Para avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades, es imprescindible generar condiciones de desarrollo desde la primera infancia que es el período clave para sentar las bases del desarrollo posterior. En esta etapa se estructuran bases fundamentales de las particularidades físicas y formaciones psicológicas de la personalidad que acompañarán al individuo por el resto de su vida, y que se consolidarán y perfeccionarán en sucesivas etapas del desarrollo.

    Además del fuerte componente se salud, el programa incluye:

• Acceso a ayudas técnicas para niños y niñas que presenten alguna discapacidad (niños y niñas que pertenezcan a hogares del 60% más vulnerable de la población nacional).
• Acceso gratuito a sala cuna o modalidades equivalentes (niños y niñas cuya madre, padre o guardador/a se encuentren trabajando, estudiando o buscando trabajo y pertenezcan a hogares del 60% más vulnerable de la población nacional).
• Acceso gratuito a jardín infantil de jornada extendida o modalidades equivalentes (niños y niñas cuya madre, padre o guardador/a se encuentren trabajando, estudiando o buscando trabajo y pertenezcan a hogares del 60% más vulnerable de la población nacional).
• Acceso a jardín infantil de jornada parcial o modalidades equivalentes para los niños y niñas cuyos padre, madre o guardadores no trabajan fuera del hogar.
• Acceso garantizado al Chile Solidario que subsidia a las familias de niños y niñas en gestación y que cumplan con los requisitos de acceso a Chile Solidario. 

Implementar un programa similar, adaptado a nuestra realidad, podría subsanar el vacío en el cuidado de la primera infancia (del que hoy son responsables sólo las madres) pero sobre todo es una propuesta pensada desde una ideología de la paridad.