El paso de la burocracia tradicional a los modelos modernos posburocráticos ha traído concepciones tales como la nueva gerencia pública, la gestión por resultados, la teoría de la agencia, el contrato de gestión, códigos de conducta y ha implicado que se empezara a ver la obligación de rendir cuentas como la rendición de cuentas ante la sociedad, en un marco más amplio que los procedimientos de jurisdicción contable y evaluación de la cuenta pública, la llamada en nuestra contabilidad publica cuenta de inversión, también denominada en el articulo 85 de la reforma del 94 “ cuenta de percepción e inversión de los fondos públicos”.
Los gobernantes no solo son evaluados el día de las elecciones sino todos los días y en ese sentido, aparecen una serie de sistemas y órganos de control.
Este concepto se va abriendo paso en las normas relativas a la organización y funcionamiento del estado, generalmente con la denominación de proceso de responsabilización, o mas recientemente de rendición de cuentas, apunta a fortalecer las formas democráticas de relacionamiento entre el estado y la sociedad aumentando el grado de responsabilización o accountability como una vía para captar a los ciudadanos para la tarea de controlar las actividades públicas haciéndolas más eficientes.
Esto tiene que tiene que ver con un estado donde los procesos de responsabilización conduzcan a la gobernabilidad del sistema, con integridad fiscal, transparencia, solvencia y fundamentalmente, previsibilidad, y ese es el punto donde se cruzan responsabilidad del estado y rendición de cuentas, ha avanzado el derecho administrativo en la definición de la responsabilidad y los tipos de responsabilidad, cualquier digesto de nuestros países da cuenta de ello, no ha avanzado el estado en su proceso de rendición de cuentas, mucho menos en su pilar sancionatorio.
La responsabilización dijimos, trasciende la rendición de cuentas en el sentido clásico que se satisfacía con la cuenta de pública o de inversión que tras un paso por un órgano de control, en nuestro país, el Tribunal de Cuentas de la Nación, para dar paso en 1993 a la Auditoria General de la Nación, Auditoria también en Salta y en la CABA, continuando en el orden provincial el Tribunal de Cuentas , para su aprobación o rechazo, hoy incluye las notas de transparencia y control social, se va abriendo paso en las normas relativas a la organización y funcionamiento del estado, incluyendo instrumentos tales como las leyes de acceso a la información.
La Rendición de Cuentas es un medio idóneo para que los funcionarios y agentes estatales informen de manera clara, explícita y concisa los resultados de su gestión y den cuentas de su accionar. La rendición de cuentas manifiesta la obligación de los gobernantes de rendir cuentas de sus actos, e implica el desarrollo de mecanismos institucionales de control y la existencia de una sociedad civil activa que requiere transparencia, pero como cultura es algo mas, es rendir cuentas aun sin obligación jurídica formal.
Un enfoque más amplio del concepto esta siendo llevado a la práctica por las entidades superiores de control (nominación de aquellas que reportan a los parlamentos de cada país nucleadas en Intosai) en el orden internacional y en Olaceffs en America latina y el Caribe. En ese sentido, se considera que una optimización de los procesos de rendición de cuentas es necesaria, no solo de parte de la administración sino también de las auditorías, las contralorías y los tribunales de cuentas.
Nuestra Iberoamérica, en medio de la globalización con cambios constantes requiere instrumentos que permitan mejorar la asignación de los recursos públicos y una gestión superadora del nivel que tradicionalmente ha mostrado, así la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (OLACEFS) ha puesto como uno de los ejes del plan estratégico regional 2006-2010 la profundización de la rendición de cuentas, aspirando a promover “el desarrollo de una administración pública y una sociedad civil concertadas en torno a lo que debe ser la rendición en cada país, con una investigación de los temas del buen gobierno.
El proceso que estamos viviendo en el derecho positivo es la recepción de un concepto de transparencia que es algo mas que la publicidad de los actos de gobierno y de un concepto de rendición de cuentas que supera, como hemos dicho, el tradicional de la responsabilidad contable, transparencia y rendición de cuentas han ido evolucionando y seguramente denotan algo diferente para cada estado, dependiendo no solo de la forma y el modo en que han sido receptados por el derecho, sino también de diferencias en la base institucional y cultural de cada país.
En ese sentido, se incorpora culturalmente la obligación misma de rendir cuentas, voluntariamente asumida por el sujeto, sin necesidad de que medie la intervención de una norma específica u órgano facultado para requerirla.
Estoy en pleno acuerdo que esta diferencia es crucial, suelo decir que si en un pueblo de dos mil habitantes, la mayoría evade los impuestos, el recaudador no puede ser eficiente ¿Qué hacen las administraciones tributarias modernas? Apuntan al cumplimiento voluntario de la obligación tributaria, si el 90% de los contribuyentes declara sus impuestos, el problema es empadronar, tomar declaraciones juradas, la cobranza, e intentar poner al otro 10% dentro del universo de contribuyentes regulares.
Lo mismo en un servicio de salud, si los médicos y las enfermeras tienen incorporado la noción del deber, el control obra en el margen, ahí si miramos la conducta antijurídica, reorientamos y sancionamos.
Esto explica que un buen piso institucional, gobernabilidad, sociedad civil activa, con ciudadanía fiscal que paga sus impuestos y exige al gestor público es un círculo virtuoso.
En el Federalista, Hamilton, decía que si los hombres fuesen ángeles, el gobierno no seria necesario. Si los ángeles gobernaran a los hombres, saldrían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno. Al organizar un gobierno que ha de ser administrado por hombres para los hombres la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que capacitar al gobierno para mandar sobre los gobernados; y luego obligarlo a que se regule a sí mismo. El hecho de depender del pueblo es sin duda alguna el freno primordial indispensable sobre el gobierno; pero la experiencia ha demostrado a la humanidad que se necesitan precauciones auxiliares.
Es sobre esas precauciones auxiliares que queremos aportar, comenzando por la base de la Republica, los municipios.
La administración del estado tiene a dar potestad a los poderes nacionales para formular políticas, cediendo la ejecución a los poderes endonacionales, así ha pasado con los efectores de salud y la educación, más aun, la visión de un municipio burocrático esta quedando archivada por el surgimiento de un nuevo municipio, que esta en el aquí y ahora de cada día de la vida cotidiana de sus integrantes. No solo en la ejecución de las políticas, también comienza a tener fuerza en la recaudación de los tributos, el concepto de corresponsabilidad fiscal implica que cada vez mas se confunda la administración del gasto con la administración de los ingresos, es necesario que el responsable explique en que va a utilizar los recursos y como los va a obtener, no sirve el esquema en que un nivel recauda para que otro nivel gaste, no hay dos caras, la del gesto adusto de quien exige el pago y la sonriente del que inaugura una obra, hay que explicar y responder por ambas.
Cuando vamos incorporando estas nuevas responsabilidades, advertimos que el nivel delega en otro nivel y redescubrimos el viejo principio, a más delegación, más control
¿Se cumple este principio? Si crece la actividad y la responsabilidad del nivel municipal, verdaderas provincias en la realidad bonaerense, necesitaríamos más control, órganos de control más cercanos, con mayor inmediatez, el problema es como lo logramos.
Un camino parece ser la creación de órganos municipales, como lo han hecho otras provincias, con alguna alternativa como completar el control de legalidad y contable del Tribunal de Cuentas y agregarle el control de gestión, que permita dar cuenta de la economía, la eficacia y la eficiencia en la ejecución de los programas que sostienen las políticas públicas, aspecto que a nivel experimental esta realizando el tribunal de la provincia.
Es cierto que la Provincia tiene derecho a un mejor trato en el reparto fiscal, es cierto que la mejora de su agencia tributaria tendera a disponer de mas recursos, pero también es cierto que al requerir una solución al conjunto de las provincias, dentro del marco del articulo 75 Inc. 2 de la Constitución, y mas sacrificios a los contribuyentes, surge la necesidad de rendir cuentas de esa mayor disponibilidad.
Entonces proponemos debatir como lograr más control, con organismos cuya misión consista en reducir las incertidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volverlo predecible, es mas, suplir la falta de información de los ciudadanos, brindándoles herramientas para conocer y reclamar.
Apunta O’Donnell una contradicción difícil de resolver “…mi deseo de vivir, bajo arreglos políticos que provean algunos bienes públicos básicos y soluciones colectivas y, por otro, mi miedo de los peligros que acechan detrás del gran poder que debe ser constituido si tales bienes y soluciones han de ser provistos. El deseo simultaneo por efectividad decisoria y por control es tan racional como contradictorio.” Se plantea el viejo dilema de quien custodia al custodio, en ultima instancia seria el pueblo, pero un voto es un acto de sanción de muchos actos, es necesario que “exista una red de agencias estatales culminando en los tribunales superiores comprometidos en la preservación y acatamiento de la accountability horizontal, en caso de necesidad contra los más altos poderes del estado, si nos es así, las investigaciones de las auditorías, fiscalías y otras similares solo pueden alimentar las críticas de la opinión pública pero no suelen alcanzar solución legalmente apropiada.
Un concepto generalmente aceptado indica que de la transparencia se sucede la rendición de cuentas, pero las cosas son algo más complejas, así tanto transparencia como rendición de cuentas comparten un problema conceptual: son definidos rara vez o con escasa precisión, y significan muchas cosas a muchas personas, la transparencia ha recibido más práctica que atención conceptual, por contraste, el concepto de la rendición de cuentas ocupa la atención en forma creciente.
El constitucionalismo moderno ha reforzado a las democracias, con instituciones que amplían la participación y el control social, garantizando la publicidad de los actos de gobierno, impactada por el desarrollo y la inmediatez de los medios de comunicación en geométrica multiplicación tecnológica, que ha inducido una creciente demanda social en torno a la transparencia en el manejo de los fondos públicos y, en general, respecto de la conducta de los gobernantes.
Para que la ciudadanía pueda ejercer control en toda su capacidad, debe extremarse la calidad, accesibilidad y comprensibilidad de la información que se pone a disposición de la ciudadanía. Para luchar contra la corrupción, es vital romper con el secreto y la discrecionalidad administrativa.
Garantizar la publicidad como medio para el control ciudadano, por mayor transparencia o ejercicio del derecho a la información implica tan solo implantar condiciones necesarias para un mejor gobierno y mejora de la lucha contra la corrupción. Pretender que todas las respuestas a esta cuestión se agoten en la pantalla de nuestro ordenador es candidez o hipocresía.
Sin embargo, rendir cuentas como parte de mi propia tarea de funcionario público obligándome, aun sin que me obligue a informar, a ser transparente sin mengua, levantar la bandera de la transparencia clara, y justificar mis decisiones no parece ser parte de los principios internalizados en nuestra cultura administrativa.
En ese sentido pienso que si logramos introducir la cultura de la rendición de cuentas lograríamos un piso institucional más alto para nuestras administraciones y no dudo en afirmar que administraciones dotadas de un piso institucional más alto producirían actos administrativos más eficientes y reglamentos dotados de mayor legitimidad.
Sentado que el problema es cultural, algo debe hacerse ya para modificar hábitos y costumbres, discutamos la creación de órganos locales de control, aportemos a la introducción del concepto de control por resultados, contribuyamos a formar conciencia de transparencia, mejoremos al acceso a la información, en suma, exijamos más control para obtener mayor desarrollo.